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Participa UNACH en el Diseño del Programa Estatal para Combatir la Trata de Personas

Participa UNACH en el Diseño del Programa Estatal para Combatir la Trata de Personas

 

23/Diciembre/2013

 

  • Entrega rector Jaime Valls Esponda, propuestas de contenidos del programa

A fin de dar cumplimiento a la conformación del Programa Estatal para Combatir la Trata de Personas 2013-2018, que constituye un esfuerzo de la Procuraduría General de Justicia y del Poder Judicial del Estado, el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Jaime Valls Esponda, entregó los contenidos del documento en Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional.

Fue el procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, quien recibió el documento que propone la creación de un observatorio estatal, la apertura de un centro integral de atención, la implementación del fondo estatal para la atención de víctimas y la elaboración de un diagnóstico para la identificación de las causas que generan este fenómeno social.

De igual forma, sugiere la creación de la fiscalía especializada en la atención al delito de trata de personas, la figura del ministerio público itinerante, el establecimiento de  albergues y refugios temporales, así como la de un número telefónico para la atención a víctimas.

En esta Comisión Interinstitucional para Combatir la Trata de Personas, participan especialistas, organizaciones sociales y representantes de la academia, quienes se han dado a la tarea de llevar a cabo foros y talleres para que con base a los resultados obtenidos elaborar el programa estatal sobre este tema.

Como parte de las tareas de las instancias participantes, destaca el análisis e intercambio de información sobre los delitos de trata de personas en la entidad a partir del 2009 a la fecha, aspecto que dio la pauta a la elaboración del primer diagnóstico oficial de incidencias, en la que intervinieron académicos de la Máxima Casa de Estudios.

Con la creación de este programa estatal, se busca establecer un equilibrio entre el respeto a las garantías de las víctimas del delito de trata y el reconocimiento del derecho de todas las personas involucradas, velando en todo momento por la protección de los derechos humanos, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales.